Para diciembre se espera que esté concluido un demoledor informe que prepara el Senado español, a petición del Gobierno, sobre las inversiones españolas en Hispanoamérica. Ya empiezan a filtrarse las conclusiones y son muy pesimistas. La ponencia para estudiar sobre ‘el papel de las empresas españolas en América Latina’ se constituyó en diciembre del año pasado, pero tan sólo lleva desde el mes de mayo llamando a comparecientes de prestigio. El objetivo es elaborar un informe para el Gobierno sobre las dificultades que sufren allí los grandes inversores españoles.
El informe fue solicitado por el ministro Miguel Ángel Moratinos, y como presidente de los trabajos de redacción figura el senador vasco Iñaki Anasagasti. Moratinos y Anasagasti son conocidos por haber tenido fuertes desencuentros en las comparecencias del ministro en el Senado.
En las sesiones de la ponencia, celebradas a puerta cerrada para velar por la confidencialidad de los testimonios, han participado miembros notables del empresariado español: Ignacio Sánchez Galán por Iberdrola; Augusto Delkader por PRISA; el consejero delegado de Cintra, Enrique Díaz Rato; el director general de Aguas de Barcelona, Ángel Simón; el presidente de Hospiten, Pedro Cobiella; el director comercial de Iberia, Manuel López Colmenarejo; el director de América Latina del Grupo Santander, José Juan Ruiz; el director de relaciones institucionales de Repsol, Arturo Gonzalo, y el presidente de LAR, Luis José Pereda.
Asimismo, han comparecido altos directivos de empresas como Mapfre, ACS, Mondragón, Abengoa, Occidental Hoteles, Riu, Barceló y bodegas Miguel Torres, entre otras. El directivo del BBVA que iba a comparecer no pudo hacerlo pues suspendió su presencia en el Senado al coincidir con el día en que se hizo pública la salida de José Ignacio Goirigolzarri.
Los intervinientes son seleccionados de modo que el Gobierno pueda tener testimonios dotados de representatividad real, al haberse convocado a los encargados de tutelar las inversiones en los sectores con presencia más activa en Sudamérica (energía, aseguradoras, turismo, hidrocarburos, comunicaciones…). Asimismo, han acudido a declarar representantes de cámaras de comercio y expertos universitarios.
El Confidencial Digital ha tenido acceso a algunas de las conclusiones a las que se está llegando en la elaboración del informe.
-- Predomina en los testimonios la negatividad de cara al futuro.
-- Se insiste en lo cerrado del mercado hispanoamericano para las PYMES españolas.
-- Sólo las grandes empresas pueden desenvolverse ante las autoridades de aquellos países, pues sólo ellas tienen capacidad de maniobra y de presión y cuentan con la asistencia privilegiada de la diplomacia española presente en cada país.
-- La inseguridad jurídica y la falta de garantías son absolutas.
-- Las autoridades de los países receptores son corruptas. Al no poder confiar en la legislación, se tiene que recurrir a los aludidos oficios de la diplomacia.
-- Esta situación de falta de garantías y de incumplimiento de la ley resulta especialmente grave en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Cuba.
-- La única nación a la que se puede ir con tranquilidad es Chile. El segundo en la lista, aunque a mucha distancia, es Brasil. Después aparece Colombia.
-- La cooperación española resulta, en la mayor parte de los casos, ineficiente, tanto para el pueblo como para el interés de los inversores. No se trabaja en formación para que los países destinatarios de esas ayudas puedan desarrollar sus propias PYMES. Son proyectos a tiro hecho y sin continuidad posterior.
-- Las empresas españolas reclaman cooperar pensando en el futuro económico. Asimismo destacan carencias básicas, ante todo en lo referido al agua.
-- Un problema jurídico y político que se resaltará en el informe es la falta de reciprocidad en las inversiones. Fue un aspecto muy señalado por Augusto Delkader. El representante de PRISA subrayó que aquí los hispanoamericanos no tienen la misma facilidad para invertir. Delkader insistió especialmente en el caso mexicano, lugar de donde es originario el multimillonario y magnate mediático Carlos Slim, siempre citado como posible comprador de PRISA.
El informe ha de presentarse al Pleno del Senado y después al Gobierno antes de que termine el año 2009.
